Tratan de frenar la expansión de Uber en el país

Taxistas reclaman que controles no son los suficientes, mientras conductores denuncian ataques.

Mientras la Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó este lunes, en primera instancia, a Uber con una multa de 344 millones de pesos “por incumplir la orden de cesar la facilitación y promoción de sus servicios en el país”, en las principales ciudades siguen las quejas entre taxistas por el crecimiento de este servicio en cuatro capitales.

El pasado 19 de agosto, la Delegada de Tránsito y Transporte del ente de control había pedido a dicha empresa dejar de promover a través de medios masivos y de publicidad el uso de la plataforma tecnológica, que no está legalizada en el país.

“Si la empresa insiste en incumplir, nos veremos en la obligación, con apoyo en lo previsto expresamente en la Ley, de imponer multas sucesivas por el mismo valor, mientras la empresa incurra en esta conducta”, dijo Lina María Huari, superintendente delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor.

La extensión del sistema de Uber por las capitales colombianas está generando agresiones contra conductores, paros de taxistas y batallas legales.

En Cali, el rechazo de los taxistas se sintió en el último mes cuando se registraron dos acciones contra el servicio Uber y un ataque a un carro particular.

La médica Yerizabeth Rotawisky denunció que en la mañana del 17 de noviembre un taxista le disparó con una pistola de balines a su camioneta Honda blanca en el sur de Cali porque la confundieron con conductora de este sistema.

“Soy médica en ejercicio de mi profesión, no soy Uber ni ningún miembro de mi familia lo es, siento rabia e indignación por este hecho”, dijo.

Conductores de Uber denunciaron que los taxistas en la capital del Valle establecieron unos bloques de búsqueda para detener a los conductores de esta plataforma tecnológica luego de que el 2 de noviembre la Superintendencia de Puertos y Transporte (SPT) le pidiera al concesionario Aerocali, que opera el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, que desmontara una valla publicitaria que promocionaba estos servicios.

El 14 de noviembre, un grupo de taxistas intimidó con amenazas a un conductor y al día siguiente, otro grupo, pintó un carro.

El secretario de Tránsito, Juan Carlos Orobio, hizo un llamado a que no se presenten agresiones y mantiene abierto un diálogo con los taxistas. En Cali han sido inmovilizados más de 2.600 vehículos por prestar servicios sin autorización.

Johnny Rangel, vocero del gremio y líder de la Mancha Amarilla, considera que esta situación se debió anticipar por las autoridades. Aseguró que Cali es una capital con taxistas profesionales, pero que se están viendo desplazados por quienes no cumplen las leyes ni son controlados.

Seis lesionados

En Medellín, según la Fiscalía, en el 2016 van seis denuncias por lesiones personales de taxistas hacia conductores de Uber, de las cuales una fue contra un ciudadano que no hacía parte de esta plataforma.

Aunque no tienen las cifras exactas de vehículos particulares que prestan servicio de transporte individual por medio de Uber, las autoridades de Medellín son conscientes de que el fenómeno está creciendo en la ciudad e implementan medidas para contrarrestarlo.

Mario Ramírez, subsecretario de Movilidad, dice que el único transporte individual que se reconoce en la ciudad es el tipo taxi. En el 2016 se han hecho 268 operativos de control y se han inmovilizado 1.200 vehículos.

Sectores como San Diego, la avenida El Poblado, la 80, los bajos de algunas estaciones del metro del norte de la ciudad, así como hoteles y centros comerciales, están identificados como puntos de servicios de Uber y de colectivo en carros particulares.

Fabián Quintero, presidente de Tax Individual, manifestó que el sector está preocupado porque este sistema de transporte no se acoge a las normas legales, pero envían un mensaje contrario a la ciudadanía.

“Deseamos que todos estemos dentro de la legalidad y apelamos al Gobierno Nacional para que no permita la ilegalidad ni la informalidad”, sostuvo. Añadió que el Gobierno ha sido permisivo al no hacer respetar el ordenamiento legal ni tomar decisiones de fondo al respecto, pese a que lleva varios años al tanto de la problemática, pues no pasan de adoptar medidas esporádicas como sanciones económicas y operativos de la policía.

Otra de las polémicas fue la del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien aseguró que prefería usar Uber que recurrir a los taxis. “Yo quiero es ayudarles a los taxis, pero no se dejan”, manifestó el mandatario en julio.

Según el director de Tránsito de la capital santandereana, Miller Salas, en la actualidad, los taxistas y los agentes trabajan de la mano. “Ellos nos informan cuál es el vehículo que está prestando ese servicio y nosotros realizamos los operativos”, contó.

Sin embargo, el representante de los taxistas en Bucaramanga, Carlos Rangel, sostuvo que esta acción no está teniendo efecto. De acuerdo con Rangel, hay cerca de 300 vehículos que trabajan con la plataforma Uber.

A pesar de la inconformidad, ni las autoridades ni el gremio de taxistas tienen reportados incidentes.

La Dirección de Tránsito se puso como objetivo sancionar no solo a los conductores, sino también a los pasajeros con un comparendo educativo.

Temor en Barranquilla

El presidente del Sindicato de conductores de taxi de Barranquilla y su área metropolitana (Sincotaxi), Jorge Guerrera, dijo que el fenómeno del Uber ya comenzó a sentirse en el bolsillo de los taxistas de esta capital.

“Estamos preocupados porque pese a los esfuerzos de las autoridades, no es fácil detener este negocio”, dijo al explicar que donde más sienten esta competencia es en los hoteles, en especial, los fines de semana, y en las universidades.

En Barranquilla, la Secretaría de Movilidad y la Policía realizan operativos permanentes contra el servicio de Uber.

“Nosotros lo que hacemos cuando vemos algo es avisar a la policía y les han caído”, cuenta Benjamín Bravo, quien dice llevar más de 40 años como taxista.

En el primer semestre del año, 112 carros particulares fueron inmovilizados en Barranquilla por prestar el servicio de transporte público de manera ilegal. “Mientras no ataquen la plataforma tecnológica, no va a ser fácil acabar este negocio”, subraya Guerrera.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Fernando Isaza, aseguró que Barranquilla es ejemplo en el control del transporte ilegal en el país, y en ese sentido destaca los operativos contra el transporte público ilegal.

Por otro lado, el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando, dijo que no dejará entrar ese servicio a esa ciudad.
“No es una posición contra la plataforma tecnológica, sino para responder al gremio de taxistas”, señaló el mandatario.

‘Pagaron un año de publicidad’

La superintendente delegada de Tránsito y Transporte Terrestre, Lina María Huari, dice que Uber Colombia S.A.S. no quiere cumplir las normas y que hay 3.200 investigaciones a firmas de transporte especial por impulsar otras plataformas.

¿Qué seguimiento hubo para aplicar la sanción?

La empresa interpuso una nulidad, pero seguimos haciendo el monitoreo. Lo que se nos hizo más grave es que dentro del plan de supervisión de aeropuertos, encontramos que se están prestando para fijar avisos de Uber. El aeropuerto dice que el contrato es con Efectimedios. Fuimos allá y encontramos que Uber Colombia S. A. S. había pagado más de un año de servicios e incluso había cambiado la publicidad a otra referencia. Cuando uno encuentra esto, es que simplemente Uber no quiere cumplir. La empresa dice que no presta los servicios, pero sí se lucra de una relación entre el conductor y el usuario.

¿En qué aeropuertos?

Solo en Cali, pero lo más complicado es que al hacer vigilancia a las aerolíneas, encontramos que en Viva Colombia estaba haciendo dos promociones por Twitter y otra de Tuboleta. Esto se estaba masificando en muchos eventos.

¿Hay otras plataformas?

No podemos dar nombres porque no han sido sancionadas. Hay casi 3.200 investigaciones a empresas de transporte especial que permiten que estos carros anden como ruedas sueltas, sin contratos, porque la falta de control hace que el propietario termine afiliándose a plataformas.

Fuente: El Tiempo